Derecho básico que constituye la expresión más palpable de lo que podríamos llamar el umbral mínimo de ciudadanía que es necesario respetar si queremos construir una sociedad decente.

Cuando no se cumple el derecho a una vivienda diga, también perdemos el derecho a poder elegir dónde y con quién vivir. Es decir, el derecho a vivir junto a nuestros/as hijos/as, o del derecho a vivir en pareja, el derecho a la sexualidad, a la privacidad, o incluso del minúsculo pero inapreciable derecho a la intimidad.

Derecho a no sufrir ninguna discriminación adicional por el hecho de vivir una situación de exclusión social. Precisamente por eso reivindicamos el derecho a que se desarrollen y prioricen las soluciones a los problema centrados/derivados de la ausencia de vivienda digna/adecuada.

Un derecho que es fundamental para poder acceder a otros como son el derecho al sufragio (activo y pasivo), a recibir correspondencia y a llevar adelante los trámites que estén en relación con la Administración Pública.

Derecho a la ciudad, al barrio, a las relaciones de vecindad y a vivir en un entorno inclusivo. Todos y todas tenemos derecho a un espacio público integrador y también tenemos derecho a poder expresarnos, a hablar con libertad, derecho a que no nos sean incautadas nuestras pertenencias, y a poder movernos libremente por los espacios públicos, un derecho que es violentado cuando se nos obliga a retirarnos de la calle, un banco o un parque.

Las personas excluidas, sin hogar, tenemos derecho a estar, a existir, tenemos derecho a ser visibles, a que se sepa de nuestra existencia y a dar a conocer las causas de nuestra exclusión.

Tenemos derecho a unos Servicios Sociales básicos, especializados, de calidad y en cantidad suficientes para poder atender toda la demanda existente. Tenemos derecho a recibir un tratamiento confidencial en los datos y la información personal. Del mismo modo que tenemos derecho a una intervención que sea respetuosa con nuestra identidad cultural, convicciones religiosas, orientación sexual o ideas políticas, es decir, tenemos derecho a la diferencia y a un acompañamiento personalizado y de calidad. Tenemos derecho a no ser interrogados/as incesantemente, a no vernos sometidos/as a un escrutinio permanente, ni a ser atendidos/as desde la sospecha o la prevención, en definitiva, las personas sin hogar tenemos derecho a la “presunción de inocencia”. Tenemos derecho a cubrir nuestras necesidades básicas: alimentación, vestido. Tenemos derecho a participar como sujetos activos en el diseño, la planificación, y la gestión de los servicios.

Todos/as los/as ciudadanos/as tenemos derecho a disfrutar de una renta mínima en caso de no disponer de ningún otro ingreso, como herramienta importantísima en la que apoyarnos para llevar adelante un proyecto personalizado de integración social.

En el marco general de una sociedad democrática, es fundamental el ejercicio efectivo de derechos básicos como son el derecho a la salud, la educación o el empleo. Estos encuentran sin duda muchas dificultades para poder ser ejercidos efectivamente, no sólo por problemas de escasez presupuestaria y como consecuencia de las llamadas políticas de austeridad, sino porque un enfoque universalista en las políticas sociales, no siempre se ha conjugado con la atención suficiente a las diferencias de situación que viven la ciudadanía y a las peculiaridades personales.

Tenemos derecho a la propia imagen y a que los medios de comunicación ofrezcan una información veraz, dignificadora y no tergiversada sobre las personas sin hogar. Tenemos derecho a no suscitar desprecio, a no ser tratadas con desdén, a no tener que sufrir diariamente las miradas despectivas de quienes pasan a su lado o a no inspirar temor.

Tenemos derecho a la seguridad, un derecho que debe ser garantizado por la policía y los cuerpos de seguridad del Estado.
Tenemos derecho, igual que el resto de ciudadanos/as.