El derecho a la vivienda debe considerarse como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. Implica la protección contra el desalojo, el derecho a ser libres ante injerencias en el hogar, y la libertad de elegir el lugar de residencia. También significa que tenemos derecho a la seguridad en la tenencia, y a participar en la toma de decisiones sobre políticas de vivienda.

¿Quién tiene ese derecho?

Tal y como señala el Artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Artículo 47 de la Constitución española, todas las personas lo tenemos.

Aún así, los Gobiernos se han olvidado de sus obligaciones en materia de protección social, incluida la vivienda asequible, y han permitido que los mercados privados orientaran el uso del suelo y del desarrollo urbano hacia sus intereses económicos. La vivienda es un derecho humano y no una mercancía.

¿Cómo ejercerlo y reivindicarlo?

Además de respetar y proteger este derecho, los Gobiernos también deben adoptar las medidas legislativas, administrativas, presupuestarias, judiciales, y de promoción que sean apropiadas para la realización plena del derecho a una vivienda adecuada. En el Estado español, las competencias en esta materia están transferidas a las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. En Madrid, por ejemplo, las políticas públicas de vivienda cuentan con los recursos limitados de la Agencia de Vivienda Social y la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo.