El sinhogarismo supone la violación de un amplio abanico de derechos humanos, entre los que se encuentra el derecho a la salud. La Covid-19 ha demostrado cómo las personas que no disponen de una vivienda partían de una situación de vulnerabilidad en términos sanitarios muy preocupante. Antes de la pandemia, ya conocíamos que su esperanza de vida era de 30 años menos y que arrastraban patologías graves como consecuencia de la supervivencia en la calle. También hemos detectado cómo en un contexto de distanciamiento social y de dependencia de las nuevas tecnologías, la voz de las personas sin hogar y sus reivindicaciones en términos de salud se han quedado fuera de los debates públicos virtuales.

La Relatora de la ONU sobre derecho a la vivienda señaló en abril de 2020 que para las personas sin hogar resulta imposible seguir las recomendaciones de quedarse en casa, mantener la distancia social, lavarse las manos con frecuencia o acceder a mascarillas. Un estudio publicado en EE.UU. al comienzo de la pandemia advertía de que alguien sin hogar infectado por la Covid-19 tiene el doble o el triple de probabilidades de ser hospitalizado, necesitar cuidados intensivos, y fallecer. En nuestro país, hemos visto cómo las autoridades han tratado de habilitar pabellones y otras instalaciones para proteger la salud de estas personas durante las semanas más duras del confinamiento. Los albergues municipales también han extremado las precauciones y han activado protocolos especiales.

Y es que partíamos de evidencias muy claras sobre los problemas de salud que afectan a las personas sin hogar, y que van más allá de la crisis del coronavirus. Según una encuesta del INE de 2012, el 30,7 % manifiesta tener enfermedades crónicas, muchas de ellas relacionadas con la salud mental (especialmente en mujeres), y el 15,2 % tiene alguna discapacidad reconocida. La Encuesta Nacional de Salud indica que casi el 10 % de las personas en riesgo de pobreza no participan en las prácticas de salud preventivas.

Según el último recuento realizado en la ciudad de Madrid en 2018, la situación de calle supone una disminución de la calidad y expectativa de vida. El 40% no tienen tarjeta sanitaria, el 53 % reconoce tener problemas de salud pero de éstos, el 68% no está medicado. En Barcelona, un estudio de Fundación Arrels de 2020 habla de un 61 % que señala tener un problema de salud mental o discapacidad, y un 79 % que ha necesitado servicios de emergencias al menos 4 veces en los últimos 6 meses.

Tal y como señaló FEANTSA en marzo de 2021, todavía existe discrminación en el acceso al servicio de salud como consecuencia de los prejuicios y de una imagen estigmatizada, violenta y disruptiva que la sociedad tiene sobre las personas que están sin hogar. No menos importante es la exclusión sanitaria por razones económicas. Por ejemplo, el informe de julio de 2020 sobre España del Relator de la ONU experto en pobreza señalaba que hasta un 25% de personas no pueden acceder a atención bucodental por ese motivo. Por último, las implicaciones relacionadas con la salud mental también ofrecen estadísticas sobre el riesgo de suicidios en población sin hogar muy por encima de la media. Según un estudio realizado en Girona en 2016 un 24,7 % lo ha intentado y un 38.3% refiere pensamientos suicidas el último año.

Como es habitual, hay poca información sobre los problemas específicos de las mujeres sin hogar. Una investigación de Bizitegi publicada en 2019 en Euskadi identificaba un 44 % de mujeres en exclusión residencial con una autopercepción de la salud regular, mala o muy mala (frente al 39 % de hombres).